ESTUDIO JURÍDICO
ESPECIALIZADO EN DERECHO DE FAMILIA

En Argentina, la única forma de disolver la sociedad conyugal que establece el matrimonio, es obteniendo la sentencia judicial de divorcio vincular.

El nuevo Código Civil y Comercial, en vigencia hace pocos años, realizó cambios significativos, que dieron lugar al denominado “Divorcio Express”.

Fue llamado así porque permite obtener una sentencia judicial de divorcio en dos o tres meses:

• Sin tener que invocar motivos ni causas para pedirlo; ningún Juez o tercero va a tener conocimiento de las razones personales para el divorcio.
• Sin necesitar la conformidad del otro cónyuge, pues éste no tendrá derecho a oponerse o negarse al divorcio.
• Sin tener que dejar transcurrir ningún plazo determinado desde el matrimonio hasta la solicitud de divorcio (antes de la reforma se requería un plazo mínimo de 3 años entre ambos actos).
• Sin necesidad de que exista acuerdo sobre el destino de los bienes del matrimonio, sobre el hogar conyugal, o sobre los temas vinculados a los hijos en común.

Junto con el pedido de divorcio se hace una propuesta en relación a los bienes e hijos en común, pero si no es aceptada por la otra parte, el divorcio se otorga igualmente.

En Estudio Jurídico Espiñeira, nos valemos de esta herramienta legal, para hacer que este trámite resulte ágil y sencillo.

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Es importante conocer, que nuestra nueva legislación, reemplazó el instituto de la “tenencia de hijos”, para pasar a llamarlo “cuidado personal de hijos”, y cambió el término “régimen de visitas”, por el nuevo concepto de “régimen de comunicación y contacto”.

A nuestro entender es muy acertado el cambio, ya que a los hijos se los cuida, de manera integral y protectora, y no simplemente se los tiene, como si fueran una posesión inerte. En la práctica legal ambos términos tienen el mismo significado: convivir de manera principal con ese hijo/a.

El otro progenitor, que no convive con ese hijo, tiene un “régimen de comunicación” con el mismo, pero ya no hablamos de “visitas”, porque no se puede reducir al arcaico y limitado concepto de “visitar” al hijo/a.

El concepto del régimen de comunicación, es el de mantener un contacto fluido, tomando a ese niño, niña o adolescente, como una persona con un centro de vida determinado, con capacidad progresiva, y cuyos intereses tienen una especial tutela.

En Estudio Jurídico Espiñeira, nos especializamos en facilitar y agilizar los procesos judiciales de fijación de régimen de comunicación, de cuidado personal, y todos los relacionados.

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Antes de la reforma, los abuelos se veían limitados en su accionar, frente a la negativa de algún progenitor a que los hijos/as pasaran tiempo con ellos.

Ahora, la normativa civil argentina, legitima a los ascendientes para reclamar mediante una acción judicial breve, el Derecho de comunicación con sus nietos.

Esta garantía ahora tiene recepción legal, porque se trata del contacto de los niños/as con sus referentes afectivos, contenido en la Convención de Derechos del Niño y otros Tratados Internacionales.

No puede ser negado por el juez a los ascendientes, salvo que se pruebe que tal comunicación pudiera afectar la salud (mental o física) de ese niño/a. En ese caso la oposición al contacto estaría fundada.

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Es necesario considerar la afección que pueden causar a los hijos, las disputas o complicaciones que se dan con frecuencia entre progenitores, por los reclamos de la cuota alimentaria.

Nuestro objetivo es proteger y preservar a los niños y niñas en este asunto. Para eso trabajamos con celeridad para la fijación judicial de la cuota, ya sea mediante un acuerdo de ambos progenitores, que se homologue ante juez de familia, o por una sentencia que la determine.

El aporte alimentario, le corresponde al progenitor que no convive principalmente con el hijo (puede ser la madre o el padre). Comprende la satisfacción de las necesidades de: manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio.

Sin embargo, el monto, siempre debe guardar un correlato con el pasar económico de ese papá o mamá alimentante, y las necesidades del alimentado.

El derecho a percibir alimentos, es del hijo: inicia desde su nacimiento y perdura hasta los 21 años de edad (en ocasiones especiales hasta los 25).

Actualmente en Argentina, la mujer embarazada está en condiciones legales de reclamar los alimentos a favor del bebé en gestación, desde el embarazo, sin tener que esperar al nacimiento para ello.

Con respecto al monto de la cuota alimentaria, debe cubrir los costos de las necesidades básicas e indispensables del niño por nacer, mientras esté gestándose en el seno materno, y los que se demanden en oportunidad de su nacimiento.

Para que proceda esta acción legal, se debe probar el estado de gravidez, y en forma sumaria, la filiación alegada, respecto al progenitor presunto a quien vayamos a reclamar.

Esta prueba de la paternidad, podrá demostrarse de diferentes maneras. Por ejemplo, si es hijo/a derivado del matrimonio, será necesario aportar el Acta de su celebración.

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Muchas veces, ante un progenitor alimentante que se desentiende de su obligación, el derecho de los hijos, queda desprovisto de herramientas para garantizar su efectivo cumplimiento.

Por eso la nueva legislación civil, reguló la posibilidad de entablar una acción judicial para reclamar los alimentos de los hijos, a los ascendientes (es decir, a los abuelos).

En el Estudio tenemos incorporada esta herramienta, para garantizar a los hijos su cuota alimentaria, cuando se demuestra la dificultad de percibirlos del obligado principal, por ejemplo en casos de su insolvencia o ausencia.

Esta alternativa legal tiene sustento en la protección del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, que es prioridad en nuestro sistema legal nacional e internacional.

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Nos especializamos con éxito en convenios judiciales, y extrajudiciales sujetos a homologación de la justicia. Es una alternativa legal, para aquellos casos en que luego de la separación de una pareja, existe la apertura al diálogo y a una puesta en común.

¿Qué es esto? Básicamente consiste en la redacción profesional de un acuerdo privado de partes en el que se puede dejar pautado, entre otros temas:

• La prestación alimentaria que el progenitor no conviviente realizará a favor de sus hijos/as.
• Cuál de los dos progenitores tendrá a su cargo el cuidado personal (antes llamado tenencia) de dichos hijos/as en común.
• El régimen de comunicación con los hijos (antes - régimen de visitas).

Los beneficios de realizar un convenio son:

• La posibilidad de tramitar la homologación judicial, es decir, que la justicia le dé el “visto bueno”, haciendo que el mismo sea ejecutable legalmente ante su incumplimiento.
• La posibilidad de evitar el inicio de acciones legales más complejas para reclamar cada tema, y en un solo acuerdo, solucionar todas aquellas cuestiones que pudieran causar conflictos futuros.

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Consideramos que, la falta de reconocimiento de la paternidad de un hijo, es un incumplimiento a un deber legal. Sin embargo, también es una vulneración al derecho que tiene ese niño o niña, a la identidad biológica.

Es por eso que todos tenemos como hijos/as, el derecho a entablar una acción legal de Reclamación de Filiación, que es la herramienta imprescriptible para conocer nuestros datos paterno filiales, e incluso reclamar el daño moral ocasionado por el no reconocimiento.

Además, al hacerlo a temprana edad del niño, solo con iniciar el juicio y cumplir los requisitos, ese hijo ya va a poder comenzar a recibir una cuota alimentaria provisoria, por parte de ese presunto padre.

La prueba por excelencia para determinar la paternidad es el examen biológico de ADN; pero en caso de negarse el presunto progenitor a la prueba, podemos peticionar realizarla con el ADN de algún pariente del mismo.

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¿Qué es el JUICIO SUCESORIO? Es el trámite indispensable para:

• Poder determinar quiénes son legalmente los herederos de la persona fallecida. Eso se hace a través de la resolución judicial llamada: “DECLARATORIA DE HEREDEROS”.
• Después de ese primer paso, y siguiendo un procedimiento legal especial, realizar la TRANSMISIÓN de los derechos activos (BIENES) y pasivos (DEUDAS) de la persona fallecida, a sus herederos.

En las sucesiones pueden ser que la persona antes de fallecer haya dejado un testamento (SUCESIONES TESTAMENTARIAS) o no. Para ambos casos se debe iniciar el juicio. Además, si el fallecido ha dejado un testamento, debe analizarse que cumpla con los recaudos legales para su validez.

Cada caso tiene sus delicadas particularidades y sus distintas complejidades. En el Estudio contemplamos las necesidades y prioridades que tiene esa familia, para poder encaminar el trámite sucesorio hacia ellas de manera eficiente y responsable.

Es importante primero, poder quitar los viejos hábitos y vocablos del antiguo Código, que ya quedaron desactualizados.

Así podremos dar paso a esta nueva regulación que pone de relevancia la forma en que nos referimos a los niños y niñas desde el ámbito jurídico, y nos indican las pistas para guiarnos en este proceso.

De esta manera, a lo largo del articulado del Código, se ha reemplazado el instituto de la “TENENCIA” para pasar a hablar de “CUIDADO PERSONAL”.

Es lógico, ya que a los hijos se los cuida, de manera integral y protectora, y no simplemente se los tiene, como si fueran una posesión inerte.

No es lo mismo ser responsable de la “tenencia” de un hijo, que del “cuidado personal”; aunque en la práctica legal ambos tienen el significado de: convivir de manera principal con ese hijo.

Por otro lado, la organización sigue siendo la misma, uno de los progenitores reside de manera mayoritaria con ese hijo/a, mientras que el otro tiene un “régimen de comunicación” con ese hijo.

Se debe tomar a ese niño o adolescente, como una persona con un centro de vida determinado, con capacidad progresiva, y cuyos intereses tienen una especial tutela, con una tutela legal especial.

Se trata de una resolución judicial por la cual se reconoce legalmente el carácter de sucesor universal a una o varias personas.

Se declara detalladamente cuáles son los herederos del fallecido, que serán llamados para continuar la persona del fallecido.

Esto significa que serán los nuevos dueños de sus bienes, deberán cobrar sus créditos y también pagar sus deudas.

Este trámite es judicial y requiere patrocinio jurídico obligatorio.

Nuestra actual legislación civil, otorga el derecho, cuando existan “justos motivos” a criterio del Juez, para poder cambiar tu nombre o tu apellido en el Documento Nacional de Identidad.

De esta manera, está expresamente considerado para que proceda: cuando concurren razones de identidad de género; o tus raíces culturales, étnicas o religiosas, así como casos de víctimas de desaparición forzada, entre otros.

Es importante saber que si tu personalidad se ve afectada por el nombre o apellido que llevas, la ley ampara tu derecho a modificar esta situación.

Llevamos adelante con diligencia este tipo de procesos, que tramitan por un juicio abreviado; y la sentencia judicial genera la inscripción de tu nuevo nombre en el Registro Civil.

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Nos dedicamos a efectuar el trámite judicial de separación de bienes gananciales, de manera previa, o posterior al proceso de divorcio. Buscamos las alternativas que se ajusten a cada caso, priorizando los acuerdos de bienes, a fin de evitar el litigio.

Es importante saber que la Ley Argentina hoy comprende dos tipos de regímenes patrimoniales.

Dependiendo su elección, será la manera en que se traten los bienes luego de celebrado el matrimonio:

• Tenemos el clásico régimen ganancial, hoy llamado comunidad de ganancias, en virtud del cual (en principio) todos los bienes adquiridos durante el matrimonio pertenecen a ambos cónyuges por partes iguales, aceptando excepciones.
• Por otro lado, ahora existe el régimen de separación de bienes, que considera que los bienes son del cónyuge que los adquiere. Es decir, que cada uno tiene la libre administración y disposición de sus bienes, salvo la vivienda familiar que se rige por reglas especiales.

Si ya se optó por el régimen tradicional, la separación de los bienes gananciales puede proceder de manera previa o posterior al proceso de divorcio. Incluso procede la división en casos de que los cónyuges decidan cambiar de régimen en el matrimonio, u otro supuesto legal.

En principio se entiende que los bienes gananciales son divisibles por mitades iguales entre los cónyuges, pero se acepta prueba en contrario.

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Esta unión puede ser inscripta en el Registro Civil, y debe hacerse por los dos convivientes. Sin embargo, también se puede probar con testigos.

Al momento de la registración, se puede presentar por escrito un pacto de convivencia, para dejar reguladas las relaciones económicas de su unión; pudiendo modificarse posteriormente.

Un efecto legal importante es la protección de la vivienda familiar, por lo que un conviviente no puede disponer de la vivienda sin la firma del otro (venderla, alquilarla etc.).

En caso de finalizar la convivencia, o de fallecimiento de uno de los integrantes, procederá el reclamo por la atribución de la vivienda familiar al otro conviviente, pudiendo otorgarse judicialmente por un plazo determinado.

Incluso, si alguno en la pareja sufre un desequilibrio económico por el fin de la unión, puede solicitar la compensación económica, dentro de los seis meses.

Esta figura también genera derecho a la indemnización laboral y/o pensión en caso de fallecimiento de uno de los integrantes, pero no hay derechos hereditarios.

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Asesoramos integralmente en el proceso de adopción, e inscripción en el registro único de aspirantes. Representamos legalmente en juicio, y en adopciones del hijo/a del cónyuge o conviviente (por integración).

La Adopción de integración o Integrativa permite adoptar a hijos/as de la pareja de un hombre o mujer con los que ya se ha constituido una nueva familia.

Se da cuando se adopta al hijo del cónyuge o del conviviente y tiene como finalidad justamente, integrar a la familia.

Este tipo de adopción, puede darse en forma plena o simple:

Si tienes decidido realizar un viaje al exterior del país con tus hijos menores de edad (18 años), y sin el otro progenitor, es OBLIGATORIO presentar en los controles migratorios, una Autorización expresa de viaje otorgada por el padre/madre, que no viaja.

Es importante saber que este es un requisito sin el cual, los niños o adolescentes no podrán salir del País, y que la AUTORIZACIÓN debe ser realizada ante Escribano Público.

¿Qué pasa en esos casos en que el progenitor faltante, SE NIEGA INJUSTIFICADAMENTE a otorgar el permiso expreso para el viaje, o es IMPOSIBLE CONTACTARLO para que lo realice? Sería justo dejar de viajar con tus hijos por una decisión arbitraria de este padre o esta madre que obstaculiza el plan?

Para estos supuestos, la SOLUCIÓN es realizar con asistencia letrada, la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA VIAJAR, ante el Juez de Familia. Esto significa que mediante un trámite judicial breve, podremos obtener una resolución judicial que nos autorice a salir del País con los chicos.

Si necesitas realizar este trámite, no dudes en contactarte con Estudio Jurídico Espiñeira.

El acuerdo prenupcial es un contrato que se celebra entre los futuros cónyuges, de manera previa al matrimonio.

Su función es regular las cuestiones inherentes a las relaciones económicas que indefectiblemente se dan entre los contrayentes, y puntualmente:

• Poder detallar, inventariar y valuar económicamente los bienes con que cada contrayente llega al matrimonio.
• Enunciar las deudas que cada uno tiene, para evitar que una vez casados, esas deudas sean consideradas como obligaciones de ambos cónyuges.
• Expresar la opción que la pareja eligirá sobre el Régimen Patrimonial del Matrimonio: Comunidad de ganancias o Separación de los bienes.
• Manifestar y detallar si se realizan donaciones de bien/es entre los contrayentes, con causa en el matrimonio.

¿Qué beneficios tiene el acuerdo prenupcial? Para el caso de que haya bienes, o proyecto de adquisición de los mismos, por los futuros cónyuges, les permitirá distinguir cuales son propios de cada uno, y no necesitar del asentimiento del otro, para su venta u otro acto. Es una forma de arrojar claridad y seguridad para ambos consortes, sobre sus valores económicos.

¿Cuáles son los requisitos? Este contrato se realiza mediante Escritura Pública, así como sus modificaciones. Es importante el asesoramiento legal para su correcta redacción, ya que se necesita revisar la documentación que acredite el dominio de esos bienes (para el caso de inmuebles) y cumplimentar los requisitos normativos.

Sólo tiene efectos el acuerdo, si el matrimonio se celebra, no es anulado, y si es redactado sobre los temas permitidos expresamente por la ley.

A la vez, si contrajeron matrimonio con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial (Agosto 2015), puede realizarse una CONVENCIÓN MATRIMONIAL en la que acuerden regirse por un régimen de separación de bienes.

Son muy frecuentes los casos en que los niños o niñas desde su nacimiento, son criados por sus abuelos, o alguien de la familia que toma la responsabilidad.

Esto se da generalmente por cuestiones de salud, de abandono, de adicciones, o de fallecimiento, de alguno de los progenitores, o ambos, que hacen necesario que la familia se reacomode orgánicamente para proteger el bienestar de esos hijos/as que pueden quedar desamparados.

Es completamente distinto al instituto de la adopción, ya que en este caso, los abuelos tienen prohibido por el Código Civil y Comercial, adoptar a sus nietos.

En cambio este instituto, permite la guarda, que a los fines prácticos es muy similar, pero con alcances acotados, ya que ese niño/a preserva el vínculo de parentesco con sus progenitores, siempre en resguardo de su derecho a la identidad y a la familia.

Es importante asesorarse legalmente en este tipo de casos, ya que también existe el instituto de la TUTELA, que puede ofrecerse como alternativa, aunque siempre dependerá del caso en particular.

En el Estudio brindamos asesoramiento personalizado para todo el abanico de opciones que pueden existir en las familias, y siempre contemplando el bien mayor para los más pequeños, que son el móvil de todas nuestras acciones.

La llamada “COMPENSACIÓN ECONÓMICA” es un DERECHO que nuestra actual legislación reconoce: al CÓNYUGE o CONVIVIENTE, a quien el divorcio o el cese del proyecto de vida en común, le ha producido un desequilibrio manifiesto.

Estos son algunos requisitos:

• Que represente un empeoramiento de su situación económica
• Que la causa de ello sea la ruptura del vínculo matrimonial o la unión convivencial

Es por esto que se establece un DEBER de compensación en cabeza del cónyuge o conviviente que se encuentra en mejor situación.

No es una indemnización, no es una prestación por “alimentos”, sino que es una herramienta legal diferenciada.

¿En qué tiempo se puede peticionar?

Tanto para el caso de divorcio, como para el de cese de unión convivencial (o concubinato), el plazo máximo para iniciar la acción es de 6 meses.